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Historia clínica interoperable: prioridad para las generales

Historia clínica interoperable: prioridad para las generales

La historia clínica interoperable debe ser una prioridad en los programas sanitarios de todos los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo defiende un artículo de opinión que pide convertirla en compromiso de legislatura, con la sanidad privada dentro desde el primer día.

Una historia que acompañe al paciente entre centros y territorios

El planteamiento es que la información clínica relevante siga al paciente entre centros, territorios y también entre sanidad pública y privada. El texto sostiene que así se evitarían pruebas repetidas. Los médicos dedicarían más tiempo a atender y menos a reconstruir antecedentes.

No haría falta una base de datos nacional única. El autor defiende conectar los sistemas que ya existen mediante estándares comunes.

El acceso quedaría limitado a profesionales autorizados, con trazabilidad y seguridad. La autorización del paciente sería imprescindible.

Por qué la historia clínica interoperable debe ser también privada

La sanidad privada forma parte del recorrido asistencial de millones de ciudadanos. Dejar fuera sus datos, advierte el texto, daría una visión clínica incompleta.

Como prueba de que se puede, cita MiHC (Mi Historia Clínica), impulsada por la Fundación IDIS. Permite al paciente consultar y compartir la documentación de las entidades adheridas.

El Espacio de Datos de la Sanidad Privada amplía ese trabajo hacia la investigación y la innovación, mediante el uso secundario de los datos.

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El punto débil lo señala el propio autor. Los pilotos de interoperabilidad propuestos al Ministerio de Sanidad y a varias comunidades autónomas "todavía no han llegado a materializarse".

La lectura es que la tecnología no es el freno. Falta voluntad política para convertir las posibilidades técnicas en acuerdos operativos.

Hoja de ruta pactada: financiación, plazos públicos y evaluación

La propuesta para la próxima legislatura es una hoja de ruta acordada entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, los agentes sanitarios, los pacientes y los profesionales. Debería recoger:

  • Financiación y responsables: con quién cuenta cada medida y quién responde de ella, más plazos públicos.
  • Pilotos público-privados: experiencias reales entre servicios públicos y entidades privadas.
  • Evaluación: medida por utilidad clínica, seguridad del intercambio y pruebas repetidas evitadas.

El texto recuerda además que el Reglamento europeo de datos sanitarios, ya aprobado y en vigor, fija plazos definidos y exigentes. La autoridad nacional tendrá que cumplirlos.

Del 29 de noviembre a un compromiso medible

El autor concluye que la próxima legislatura debe dar una respuesta verificable a la necesidad de que la información sanitaria esté disponible. Con las urnas a menos de dos semanas, la pregunta para los programas es concreta: ¿incluirán financiación, responsables y fechas públicas, o se quedarán en una declaración de intenciones?

Información publicada originalmente por Redacción Médica.

Imagen: Pexels

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