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Responsabilidad sanitaria: el reto de valorar el daño moral

Responsabilidad sanitaria: el reto de valorar el daño moral

De la fecundación fallida a los retrasos diagnósticos, la responsabilidad sanitaria mantiene vacíos que dificultan valorar daños sin lesiones físicas. El debate alcanzó el XXXII Congreso de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), donde especialistas reclamaron reglas específicas para reducir la inseguridad jurídica.

La mesa “Cuando el baremo no basta: Límites de su aplicación en la responsabilidad sanitaria” analizó los límites del sistema de valoración de accidentes de tráfico. Esa referencia normativa se usa en los litigios sanitarios, aunque no responde a todos sus supuestos.

De la fecundación fallida a los retrasos oncológicos: tres daños fuera del baremo

María Rodríguez de Alba, directora médica ejecutiva de Grupo Promede, moderó una sesión centrada en la necesidad de una valoración específica. El sistema de tráfico resulta insuficiente para determinados perjuicios sanitarios y genera una elevada inseguridad jurídica.

Víctor Manuel Cea, director médico de Cuentas de Salud y Responsabilidad de Promede, identificó tres escenarios sin traslado técnico posible:

  • Reproducción asistida: fallos de custodia o implantación. Un estudio genético puede revelar que el embrión no pertenece biológicamente a los padres, con conflictos familiares subjetivos difíciles de valorar.
  • Cribado prenatal: falsos negativos en la detección del síndrome de Down. Impiden decidir sobre la interrupción o continuación del embarazo dentro de los plazos legales.
  • Diagnóstico oncológico: retrasos sin secuelas físicas cuando el paciente sobrevive y permanece libre de enfermedad. Los peritos carecen de parámetros objetivos para valorar la angustia ante una posible recaída.

Cea definió esa última situación como el “síndrome de la espada de Damocles”. El daño no desaparece porque el tratamiento mantenga al paciente sin enfermedad, pero su cuantificación sigue sin una referencia común.

La pérdida de oportunidad terapéutica depende de rangos estadísticos dispares

La mesa también abordó el aumento de las reclamaciones por pérdida de oportunidad de intervención terapéutica. Al no estar baremada, su valoración obliga a acudir a estudios bibliográficos y cohortes estadísticas con porcentajes muy dispares.

El problema se agrava cuando un retraso diagnóstico empeora teóricamente el pronóstico oncológico. Si el paciente recibe el mismo tratamiento y queda libre de enfermedad, sin secuelas físicas, el daño moral resulta muy difícil de cuantificar.

Para aseguradoras, hospitales y servicios de reproducción asistida, esa falta de parámetros complica la estimación del riesgo. También dificulta sostener criterios periciales homogéneos entre expedientes con resultados clínicos parecidos.

Real decreto frente a ley: la vía flexible defendida por De Lorenzo Abogados

Pablo de Montalvo, socio director del Área Jurídico-Contenciosa de De Lorenzo Abogados, denunció una “situación de inseguridad jurídica muy importante”. Defendió que el baremo de tráfico funcione únicamente como suelo mínimo.

Sobre una eventual escala sanitaria, propuso regularla mediante real decreto por su mayor flexibilidad. Su distinción resume el alcance de cada norma: “El baremo nos dice cuánto se debe pagar. La ley nos dice si se debe pagar”.

Montalvo reclamó reglas claras para evitar la revocación de sentencias y proteger especialidades de alto riesgo como la obstetricia. La fuente no recoge un calendario regulatorio ni un compromiso del Gobierno para aprobar esa valoración específica.

El próximo hito sería, por tanto, una iniciativa normativa que separe la cuantificación del daño de la propia obligación de indemnizar. Hasta entonces, los casos de reproducción asistida, cribado prenatal y oncología seguirán dependiendo de la interpretación pericial y judicial.

Información publicada originalmente por Redacción Médica.

Imagen: Pexels

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