Sanidad en Cataluña: nueva ley para blindar la meritocracia

Cataluña impulsa una ley para cercar los 'dedazos' en la gestión sanitaria pública y blindar la meritocracia en los cargos directivos del sistema. El Ejecutivo autonómico ha aprobado una normativa que establece mandatos fijos de siete años, evaluación por resultados y remoción solo por causas justificadas para el personal de gestión de la Generalitat, sus entes instrumentales y las empresas públicas. La medida, que ahora inicia su trámite parlamentario, responde a una demanda histórica del sector: despolitizar las direcciones de hospitales, consorcios y fundaciones sanitarias.

Mandatos de siete años y evaluación objetiva: el corazón de la normativa

La regulación afecta a directivos de la administración de la Generalitat, organismos autónomos, entes de derecho público, sociedades mercantiles mayoritariamente participadas, consorcios y fundaciones públicas. No alcanza a cargos estrictamente políticos como consellers o secretarios generales, pero sí a quienes gestionan organizaciones y servicios.

El texto introduce cuatro pilares estructurales. El primero es la selección por mérito y idoneidad, frente a la designación discrecional. El segundo, un mandato fijo de siete años, que rompe con la lógica de renovación automática al cambiar el color político del Govern. El tercero, una evaluación anual basada en resultados con remuneración variable vinculada al desempeño. El cuarto, la extinción del contrato solo por causas determinadas, blindando la estabilidad del directivo frente a cambios de gobierno.

En el ámbito sanitario, la ley impactará en la dirección de gestión y servicios del Institut Català de la Salut (ICS), el Servei Català de la Salut, los consorcios sanitarios, las fundaciones de investigación y salud pública, y las empresas públicas del sector. Cataluña ya se diferenciaba del resto de comunidades autónomas en este aspecto, pero la normativa pretende cerrar las escasas rendijas que aún permiten el nombramiento a dedo.

Ignasi Riera, de la SCGS: "El sistema ya funciona así, pero faltaba el marco legal"

Ignasi Riera, vicepresidente de la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) y gerente del Consorci Sanitari de l'Anoia, ha salido a respaldar públicamente la iniciativa. Su doble condición de representante de la sociedad científica de gestores sanitarios y de directivo en activo le otorga una visión dual: la del lobby profesional y la de quien gestiona un centro público desde 2013.

Riera ha puesto sobre la mesa un dato contundente: en Cataluña, los nombramientos directos de gerentes hospitalarios representan menos del 15% del total. El resto del país no ofrece cifras comparables con esta rigurosidad, pero la práctica habitual en otras comunidades es la renovación masiva de directivos sanitarios cada vez que cambia el consejero. En Madrid, Andalucía o Valencia, la llegada de un nuevo titular de Sanidad suele arrastrar una sangría en las direcciones de hospitales y áreas de gestión.

El gerente del Consorci Sanitari de l'Anoia ha argumentado que las decisiones en salud pública trascienden los ciclos electorales de cuatro años. La planificación de infraestructuras, la contratación de especialistas o la reconfiguración de redes asistenciales requieren continuidad. Ha citado como prueba los últimos traspasos del Departament de Salut: de Junts a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de ERC al PSC, en 2021 y 2024 respectivamente. En ambos casos, la mayoría de los puestos directivos se mantuvieron por criterios de competencia técnica, no de filiación partidista.

Por qué importa el lunes: menos 'dedazos', más atractivo para la inversión privada

Para los grupos hospitalarios privados, las aseguradoras y los fondos de inversión con presencia o interés en Cataluña, la ley tiene una lectura en clave de mercado. La estabilidad regulatoria y la previsibilidad en la contraparte pública son variables que entran en los modelos de due diligence. Un directivo de healthcare en un fondo de private equity consultado por este medio resumía así la ecuación: "Cataluña ya era la comunidad más predecible para operar con el público; esto lo certifica por ley".

La medida llega en un momento de intensa actividad en el mapa sanitario catalán. El Hospital Clínic y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han desarrollado plataformas de inteligencia artificial aplicadas a diagnóstico que buscan escalado comercial. El Institut d'Investigació Biomèdica (IRB Barcelona) ha captado rondas de financiación mixta con capital de riesgo. Los consorcios sanitarios, como el de l'Anoia que dirige Riera, son estructuras híbridas donde la colaboración público-privada en gestión es la norma, no la excepción.

La reducción del factor político en los nombramientos disminuye el riesgo de que un cambio de gobierno altere contratos en curso, convenios de derivación o licitaciones de servicios. Para las mutuas de accidentes y las aseguradoras de salud que operan con redes concertadas en Cataluña, la continuidad de los interlocutores en los hospitales públicos simplifica la planificación de cartera.

El trámite parlamentario y el reloj electoral: ¿llega a tiempo?

La ley acaba de iniciar su procesamiento en el Parlament. El calendario es ajustado. El mandato de la XII legislatura, inaugurada en agosto de 2024, tiene previstas elecciones autonómicas para mayo de 2027. El texto debe superar el trámite de lectura, enmiendas y votación en pleno antes de esa fecha para no quedar en suspenso.

El Gobierno de Salvador Illa (PSC) gobierna en coalición con ERC y cuenta con el apoyo de Comuns Sumar. La mayoría es estable, pero la tramitación de leyes en Cataluña ha mostrado históricamente tendencia a la dilatación cuando toca a competencias sensibles. La oposición de Junts, ahora en el grupo mixto tras la ruptura del Govern, puede usar la ley como herramienta de confrontación simbólica: el partido que lideró el Departament de Salut durante la pandemia puede verse retratado como beneficiario del sistema de 'dedazos' que la normativa pretende acabar.

Si la ley culmina su tramitación, Cataluña se convertiría en la primera comunidad autónoma del Estado con un marco legal específico de blindaje de la gestión pública sanitaria. El precedente podría trasladarse a otras regiones con tradición de gestión profesionalizada, como el País Vasco o Navarra, o quedar como excepción ibérica en un mapa donde el clientelismo político en la sanidad sigue siendo la norma.

La pregunta que queda en el aire es si siete años de mandato son suficientes para una planificación sanitaria que debería mirar a décadas. O si el límite, lejos de garantizar la independencia, convertirá a los directivos en rehenes de su propia supervivencia política al final del ciclo.

Información publicada originalmente por Redacción Médica.