Fondo de Cohesión Sanitaria: Madrid y Euskadi rechazan pagos
El Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) vuelve a encender la tensión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades con mayor capacidad fiscal. Madrid y Euskadi han rechazado las liquidaciones de 2023 y 2024, exigiendo que el sistema de compensaciones se apoye en costes reales, transparencia y seguridad jurídica. La disputa deja al descubierto las fisuras de un mecanismo diseñado para garantizar la equidad del sistema nacional, pero que las regiones acreedoras consideran opaco y desproporcionado.
El CISNS (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) aprobó el pasado 10 de julio las propuestas de liquidación pese a los votos en contra de ambas comunidades. Según el documento, Madrid acumula un saldo negativo pendiente de 64,17 millones de euros y Euskadi de 50,95 millones. Cantidades que, lejos de cerrar el ejercicio, han reabierto el debate sobre cómo se calcula lo que cada región debe o le deben por atender a pacientes de otras.
64,17 millones de euros: la factura que Madrid se niega a pagar sin saber cómo se calcula
La Comunidad de Madrid ha situado el FCS en el centro de su estrategia de presión política. La consejería de Sanidad madrileña sostiene que contribuye más que ninguna otra región a la solidaridad interterritorial y que recibe el mayor volumen de pacientes desplazados, especialmente en hospitales de alta complejidad.
El argumento no es nuevo. Desde hace años, Madrid denuncia que el sistema de financiación de los Centros y Unidades de Referencia (CUR) y los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) no refleja el coste real de la asistencia prestada. La liquidación de 2024, que exige un desembolso multimillonario, ha activado la protesta formal.
El departamento que dirige Fátima Matute insiste en que el intercambio de decenas de millones entre administraciones públicas exige reglas objetivas y transparentes. Mantener el compromiso con la cohesión del SNS y la atención de pacientes desplazados no implica, según Madrid, aceptar un modelo de liquidación con deficiencias normativas y procedimentales.
Euskadi y los 50,95 millones: "desproporcionado y desligado de la realidad"
El País Vasco ha acompañado a Madrid en el voto negativo, aunque con matices propios. El consejero de Sanidad vasco, Alberto Martínez, calificó de desproporcionada la cifra de 51 millones de euros que el CISNS exige como pago al Ministerio. Su crítica apunta a tres flancos: deficiencias legales significativas, desarrollo regulatorio incompleto y mecanismos poco transparentes.
La posición de Euskadi añade una dimensión jurídica al conflicto. Martínez ha señalado que el marco normativo del FCS carece de suficiente desarrollo reglamentario, lo que genera inseguridad en la aplicación de las normas. La comunidad autónoma exige una revisión integral que parta del cálculo de costes reales, una mayor transparencia en los mecanismos y una seguridad jurídica que hoy considera insuficiente.
La convergencia de Madrid y Euskadi en el rechazo no oculta sus diferencias estructurales. Madrid es receptora neta de pacientes; Euskadi, con un sistema propio de organización sanitaria (Osakidetza), tiene una posición más defensiva frente a lo que percibe como injerencia en sus competencias. Ambas, sin embargo, comparten el diagnóstico: el FCS funciona como una caja negra.
El FCS, un mecanismo diseñado para la equidad que genera desconfianza
El Fondo de Cohesión Sanitaria nació para compensar a las comunidades que atienden pacientes de otras regiones, evitando que la solidaridad interterritoral penalice a quienes concentran recursos de alta especialización. El sistema se articula a través de dos vías principales: el FCS propiamente dicho, vinculado a la atención en CUR, y el Fondo de Garantía de la Asistencia (FOGA), que cubre situaciones de desplazamiento ordinario.
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La financiación de los CUR ha sido desde su origen un foco de fricción. El modelo de pagos por GRD, importado de la gestión hospitalaria interna, no se adapta bien a la complejidad de la atención interterritorial. Los costes de alta complejidad, la duración de las estancias y la necesidad de seguimiento postoperatorio varían enormemente entre procedimientos que el sistema agrupa en categorías homogéneas.
La transparencia en el cálculo de estas compensaciones ha sido reclamada por diversas comunidades desde la puesta en marcha del mecanismo. La falta de auditorías independientes y la opacidad en los datos de costes que maneja el Ministerio han alimentado la desconfianza de las regiones con saldos negativos.
La situación actual refleja una tensión estructural del sistema: las comunidades con hospitales de referencia nacional (Madrid, Barcelona en menor medida) soportan una presión asistencial que el FCS no logra compensar equitativamente. Mientras tanto, las regiones con menor capacidad fiscal ven en el fondo una garantía de acceso que no quieren ver mermada.
El calendario aprieta: ¿habrá revisión del FCS antes de 2027?
El rechazo de Madrid y Euskadi obliga al Ministerio de Sanidad a una decisión política. Puede mantener la liquidación con los votos favorables del resto de comunidades, arriesgándose a una escalada judicial. O puede abrir una mesa de negociación para revisar el marco regulatorio del FCS, algo que ambas regiones demandan explícitamente.
La consejería madrileña ha dejado entrever que no descarta vías jurídicas si el CISNS mantiene la liquidación sin atender sus reivindicaciones. Euskadi, por su parte, ha optado por una estrategia más institucional, apelando a la necesidad de completar el desarrollo normativo del fondo.
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, se encuentra en una posición incómoda. Aprobar las liquidaciones sin el consenso de las dos comunidades con mayores saldos negativos debilita la legitimidad del mecanismo. Reabrir el debate del FCS en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, sin embargo, supone entrar en un terreno minado de reclamaciones en cadena.
La próxima reunión del CISNS, prevista para octubre de 2026, será el primer termómetro. Si el Ministerio presenta una propuesta de modificación del real decreto que regula los CUR y los GRD, el conflicto podría desescalarse. Si insiste en la liquidación tal cual, Madrid y Euskadi tienen margen para llevar el caso a los tribones contenciosos-administrativos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente el Fondo de Cohesión Sanitaria?
Es un mecanismo de compensación entre comunidades autónomas por la atención sanitaria prestada a pacientes desplazados de otras regiones. Se financia a través de dos vías: el FCS propiamente dicho (vinculado a Centros y Unidades de Referencia) y el FOGA (Fondo de Garantía de la Asistencia), que cubre desplazamientos ordinarios.
¿Por qué Madrid y Euskadi tienen saldos negativos tan elevados?
Madrid concentra hospitales de alta complejidad que atienden pacientes de toda España, lo que genera un desequilibrio entre lo que aporta y lo que recibe. Euskadi, con su propio sistema (Osakidetza), critica que el cálculo no refleja sus costes reales y que el marco normativo es incompleto.
¿Qué son los GRD y por qué son objeto de disputa?
Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) son categorías homogéneas de pacientes según su diagnóstico y tratamiento. Se usan para financiar la atención hospitalaria, pero Madrid y Euskadi argumentan que no capturan la complejidad real de la asistencia interterritorial en centros de referencia.
¿Qué consecuencias tiene el voto en contra del CISNS?
El CISNS puede aprobar la liquidación por mayoría simple, pero el rechazo de las dos comunidades con mayores saldos negativos debilita la legitimidad del acuerdo. Madrid y Euskadi podrían impugnarlo judicialmente o exigir la reapertura de la negociación del marco regulatorio.
Información publicada originalmente por Redacción Médica.